Mariano Rajoy, su Gobierno y el Partido que les respalda, están confundiendo de forma grosera el mandato democrático de las urnas, aquellas que les otorgaron una mayoría absoluta para gobernar el país el pasado 20 de noviembre (ratificando una holgada victoria previa en las elecciones  municipales y autonómicas del mes de mayo), y se han embarcado sin miramientos en el ejercicio de un absolutismo mayoritario que prescinde de la ética y de los usos democráticos; todo ello bajo el manto protector de las “imprescindibles decisiones impopulares”. Todo lo justifica la crisis. 

La ética política ha quedado definitivamente arrumbada en el desván de los muebles anticuados. El obsceno uso de la mentira por parte de la derecha, mil y una veces denunciado por Rubalcaba durante la campaña electoral, se sufre hoy como un verdadero tsunami de descrédito, elevado a la categoría de cinismo por el senador popular Aguirre, cuando manifestaba que “una vez pasada la campaña electoral ya se podía decir la verdad a los ciudadanos”. Subidas de impuestos allí donde se había manifestado el compromiso de bajarlos; barra libre para el despido cuando se había negado hasta la extenuación que ello formase parte de los planes de gobierno del PP; la educación y la sanidad públicas intocables están sufriendo el ataque despiadado de una derecha que ya no disimula sus intenciones privatizadoras; los pensionistas ven como se ceban en sus maltrechas economías las consecuencias del copago o el IRPF, mientras el Gobierno atiza la ofensiva propaganda de una subida de pensiones que nunca fue tal.

Los usos democráticos ya no forman parte de la acción de gobierno. Todos los acuerdos del Ejecutivo se anuncian por medio de filtraciones a los medios de comunicación (casi nunca españoles), de tal forma que ya es habitual tener que informarse en la prensa extranjera de los asuntos a tratar en el Consejo de Ministros de la semana. La aversión que el Presidente demuestra hacia el Parlamento se traduce en continuas negativas a comparecer, ni siquiera para dar cuenta de los asuntos de Estado que mantienen en vilo a la nación. La “espantá” que Rajoy escenificó en el Senado con los periodistas parlamentarios allí destacados, se contrapone con sus periódicas ruedas de prensa en sus viajes al exterior. Pero el mayor desprecio hacia las formas, y la nula consideración hacia los ciudadanos, se tradujo en la forma elegida para ¿informar? a los españoles del enésimo incumplimiento del Gobierno: nada menos que un recorte de diez mil millones de euros contra la sanidad y la educación pública, anunciado por medio de una  inconcreta nota de prensa con más interrogantes que párrafos. 

Y como consecuencia de lo anterior, afloran los tics autoritarios, cada vez más habituales: Se inauguró la legislatura con un despliegue inusitado de medidas de eliminación de derechos de ciudadanía (bien es cierto que todos ellos vinculados a conceptos ideológico-religiosos que han acompañado siempre a la derecha, y que no deberían ser recibidos con sorpresa), que retrotraen a la mujer a otros tiempos que creíamos superados, y que sumergen de nuevo en la historia a determinados colectivos secularmente maltratados. Se equipara a los estudiantes que reivindican una educación digna con delincuentes y alborotadores (hasta tal punto que se anuncian modificaciones en el Código Penal para hacerles frente). Se confunde torticeramente información con propaganda cuando se pretende que la Televisión Pública se convierta en un instrumento al servicio del Partido Popular, (se anuncia el regreso al NODO, secuestrando para el Gobierno el nombramiento del Director de TVE, hurtándoselo al Parlamento). Y se pierden definitivamente las formas cuando se deciden nombramientos como el del Presidente del Consejo de Estado aboliendo de hecho las competencias de control previo de las Cámaras. 

Y este desprecio a las normas y los usos democráticos tienen también consecuencias en el día a día. Así cada Ministro, cada diputado, cada senador o cada portavoz del Partido, se cree en posesión de la razón absoluta, y de ahí los anuncios frustrados, los mentidos y desmentidos, el auténtico desbarajuste que se traduce un día sí y otro también en raudales de desconfianza, y en una acción de gobierno sin ningún rumbo claro donde la total falta de autoridad se intenta suplir con grandes dosis de autoritarismo.

Tenemos ya elementos de juicio suficientes para analizar su aversión al Medio Ambiente tanto de palabra como de omisión, y es lógico colegir que su obra será consecuente en idéntica trayectoria.

En lo que toca a la omisión, han sido precisos únicamente los plazos estrictos que mediaron entre su toma de posesión y la celebración de las elecciones andaluzas y asturianas (las únicas que han sido capaces de influir en Rajoy más que Ángela Merkel, hasta el punto de retrasar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado), para constatar que efectivamente el Gobierno del PP castiga de forma más que notable al Medio Agrícola en sus compromisos presupuestarios, pero omite en la práctica al Medio Ambiente. Y si descendemos aún más al detalle, en lo que toca al Cambio Climático ya ni siquiera llegamos a la categoría de omisión (bien es cierto que en el catecismo de FAES el Cambio Climático sencillamente no existe).

Pero es la locuacidad del Ministro la que nos permite tomar razón de los verdaderos objetivos que se ha marcado para la legislatura, y que no son otros que la demolición sistemática (y en algunos casos definitiva) del patrimonio público natural. La obsesión en este primer tramo de la legislatura está siendo sin duda la derogación (eufemísticamente denominada reforma) de la Ley de Costas, y no pasa semana en la que algún miembro del Ejecutivo, desde el Presidente hasta el último de sus Ministros, insista en la ineludible y urgente necesidad de acometer la elaboración de la que acabará siendo una Ley del Suelo Litoral para luchar contra la crisis y ganar la confianza de los mercados.

La penúltima vuelta de tuerca la ha dado Arias Cañete en el Senado, en una comparecencia para explicar las políticas ambientales de su departamento: “El Ministerio impulsa una hoja de ruta para la reforma de la Ley de Costas basada en el diálogo con todas las partes interesadas”. “El objetivo general de la futura norma será hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas respetuosas con el medio ambiente”. Hasta ahora la Ley marcaba los límites de las actividades económicas en función de la protección del medio ambiente litoral. A partir de ahora serán las actividades económicas las que marquen los límites de la protección de la costa. Una absoluta perversión del lenguaje al servicio de vergonzantes objetivos políticos.

El orden de prioridades había sido claro desde el año 1988: lo primero la preservación del patrimonio público litoral, y la Ley nace precisamente para defenderlo de la voracidad de la especulación. Pero como la Ley se ha demostrado eficaz en la defensa del interés general por encima del particular, es imprescindible cambiarla para que lo que hasta hoy eran actuaciones ilegales, pasen a ser negocios permitidos, de tal forma que a partir del momento en que entre en vigor la nueva Ley, solo será merecedor de protección ambiental únicamente aquello que no sea susceptible de ser convertido en plusvalías privadas.

Pero al tiempo que van intentando restañar las heridas que van quedando atrás, los ciudadanos de aquella región se esfuerzan en inventar una nueva forma de vida totalmente distinta de la que llevaban hasta el 11 de marzo de 2011. Y es que mientras que el terremoto ya es doloroso pasado, hoy son conscientes de que el accidente nuclear que se produjo en paralelo se ha convertido en un terrible compañero de vida, una tremenda carga que no saben cuánto tiempo les va a condicionar sus días, ni siquiera en que forma lo irá haciendo. 

Saben los japoneses que el accidente nuclear les ha privado de un suelo antes fértil en un perímetro de 20 kilómetros en el entorno de la central nuclear (una central para la que se anuncian 25 años de desactivación controlada).

Saben los pescadores que habrá de pasar mucho tiempo antes de que su actividad vuelva a ser viable en aquellas aguas. Saben las familias que abandonaron tierras y haciendas, que ya nunca podrán volver a recuperar sus raíces. 

Saben los niños de Fukushima que son muchos los días en los que no pueden salir a jugar al parque como hacían antes,  aunque no entienden muy bien la razón.

Saben las autoridades sanitarias que habrán de controlar especialmente la evolución de la salud de esos niños por el resto de su vida, mientras esperan los mayores a que se inicien los protocolos de control de la radiación que hubiese podido afectarles a ellos.

Saben los técnicos que tendrán que procesar millones de metros cúbicos de tierra y de materiales contaminados, que habrán de ser confinados en algún lugar por determinar.

Sabe el Gobierno del país que tendrá que hacerse cargo de la inmensa factura que dejará detrás la insolvencia de una actividad empresarial que no alcanza a responder por sus daños. 

Es mucho lo que ya saben, por desgracia. Pero es mucho peor lo que no saben, lo que sospechan,  lo que temen. No saben si el enemigo invisible de la radiación está a su lado en este momento, si lo estuvo antes, o si lo estará a continuación. No saben si sería mejor irse para siempre; o mejor dicho, lo saben, pero no saben con que medios podrían rehacer sus vidas. No saben si ni siquiera yéndose podrán evitar las consecuencias futuras en su organismo. No saben en cuanto se valorará lo que han perdido, ni cuando podrán ser indemnizados por ello. No saben si les dicen la verdad o se la ocultan. 

¿Por qué añadir al dolor que genera en ocasiones una naturaleza que nunca alcanzaremos a controlar, el dolor de algunos despropósitos humanos que podríamos evitar? Deberíamos haber aprendido la lección. Es razonable decirles a los ciudadanos que acometeremos la tarea de abandonar la energía nuclear en nuestro país, sin necesidad de esperar a que otra catástrofe nos interpele por no haber tomado la decisión de hacerlo.

He conocido en estos últimos tiempos a no pocos enamorados de las energías renovables, que es lo mismo que decir enamorados del Planeta. Gentes que intentan hacer todo lo que está a su alcance para poder consolidar una relación futura más estable con la Tierra. 

Lamentablemente hoy no podremos comprar  nuevas energías limpias para regalar en nuestro país. El Gobierno las ha retirado de las estanterías. Es el desenlace de un desamor; el del PP con “la milonga de la economía sostenible” (Arenas dixit).

Habría sido una brillante aportación del Presidente de Honor del PP, la del triángulo virtuoso (sostenibilidad ambiental, social y económica), si no fuese porque esta reflexión viene formando parte del núcleo de las negociaciones internacionales sobre Cambio Climático ya desde la gestación del protocolo de Kyoto, que por cierto ha sido reiteradamente rechazada por los círculos negacionistas de los cuales Aznar ha sido hasta hoy un destacado exponente. En cualquier caso, nunca es tarde si la dicha espera.

Aznar, que fue el primero en descubrir las armas de destrucción masiva en Irak (armas que por cierto siguen sin aparecer), ha necesitado algo más de tiempo para asumir algo que la mayoría de los países, las organizaciones sindicales, las ONGs y la sociedad civil, habían incorporado al ámbito de la reflexión sobre el Cambio Global que subyace en la preocupación por el fenómeno del Cambio Climático; algo tan evidente como que es preciso un Planeta ambientalmente sostenible para garantizar la sostenibilidad social, ambos cimientos indispensables para avanzar en un desarrollo económico también sostenible. Ya sólo le resta poner en orden su jerarquía de prioridades, que ha de empezar por la ambiental para desembocar en la económica. Ahora bien, si no ha sido hasta estas fechas que el otrora Presidente del Gobierno ha entendido el verdadero objetivo del Protocolo de Kyoto, ¿quiere esto decir que firmó en su día sin saber realmente lo que firmaba? Eso explicaría su famosa afirmación de entonces de que “cumplir Kyoto sería la muerte de las empresas españolas”.

Pero como no hay mal que por bien no venga, la caida del caballo de Aznar no ha podido ser más oportuna. Y es que dado su superior rango en la Dirección del Partido Popular, es el más indicado para reconvenir a su compañero Javier Arenas, quien se despachaba días atrás con una coz argumental del tenor de que “estaba harto de la milonga de la economía sostenible”. Ahora que Aznar había visto la luz, resulta que Arenas se nos queda a oscuras. 

Y por cierto, la energía nuclear es la más sucia de todas, hasta tal punto que sus residuos son imposibles de eliminar en miles de años, tras Chernobil y Fukushima se ha evidenciado que es la más cara con mucha distancia sobre el resto, y respecto a su calidad estaríamos ante una nueva cualidad que supongo será la resultante de limpieza más baratura. Pero todo a un tiempo no puede ser; ya que Aznar ha tardado un tiempo en abjurar de su negacionismo climático, ahora hay que esperar a que encuentre las armas de destrucción masiva, y estoy seguro de que acto seguido alcanzará a entender los riesgos que supone apostar por la energía nuclear.

Los cambios últimos se han producido a una velocidad vertiginosa para lo que veníamos estando acostumbrados, y todo apunta a que esos serán los ritmos en que se manifiesten las mutaciones sociales a partir de ahora. Indudablemente, las nuevas tecnologías han propiciado una revolución en el mundo de la comunicación, de la opinión y de la movilización, de tal suerte que ya nada será lo que era. La sociedad ha de adaptar sus ritmos a los tempos de esta nueva realidad, y el Partido Socialista ha de hacerlo con ella y para ella.

Dicho esto, no creo que deba ser nuestro próximo Congreso una cita para propiciar el “gran cambio” al que muchos fían el poder sanador de todos los males; y es que el cambio que pudiésemos hacer nacería con una fecha de caducidad tan corta, que antes de que nos diésemos cuenta tendríamos que estar gestando ya el siguiente cambio. Creo más bien que se trata de preparar la Organización para una transición, una transición que debería hacerse con cierta tranquilidad y sosiego, porque se trata de adaptar nuestras inercias ya seculares a otros modos de hacer.

En resumen, no se trata de cambiar al Partido, sino de enseñarle a cambiar, a convivir con el cambio, porque esos son los nuevos tiempos que se abren, tiempos de cambio permanente, y tenemos que aprender a avanzar con la sociedad para seguir aspirando a liderar cada avance que la propia sociedad demande. 

Y además es esta una tarea que no podemos, ni debemos, afrontar en solitario. Cada vez más las cosas cambian para todos, y también cada vez más lo hacen de forma acompasada. Esto es, nos colocamos ante un reto común para toda la socialdemocracia, y es que si algo hemos aprendido de la crisis, es que esta es la crisis del modelo capitalista, al que no ha habido más remedio que responder con medidas paliativas de corte liberal, porque en el fondo nos habíamos venido limitando a convivir con el capitalismo sólo para hacerle algo más amable, y ya es hora de construir un modelo con identidad propia, nítidamente diferenciado del que acaba de hacer crack, porque si no lo hacemos nosotros, volverán a las andadas, y en nuestro país no se ocultan las intenciones, querían volver al modelo del 96 y no están perdiendo el tiempo para retornar a él lo antes posible. 

Administremos con prudencia el presente, para facilitar una transición inteligente, que desemboque en un futuro ilusionante.

Mi  penúltima esperanza se centraba en la intervención que Mariano Rajoy haría en el Congreso de los Diputados con motivo del debate de investidura, pero la esperanza ha sido vana. 

La gran referencia a la política ambiental, en forma de frase lapidaria, ha sido que “la política medioambiental va más allá de la defensa de una posición en las cumbres internacionales sobre cambio climático”, como si con ello contradijese a alguien que hubiese dicho lo contrario. Pero lo curioso del caso es que ni siquiera ha dicho cual sería la posición que defendería su gobierno en estas cumbres, ni en que se traduce su decepción respecto a la última celebrada en Durban, y si lo es por exceso o por defecto.

Y un lugar común, el de que España atesora la biodiversidad más rica de la UE, para hacer una mención a sus dos grandes preocupaciones: los incendios forestales y las variaciones hidrológicas. 

Lo de los incendios forestales es como para echarse a temblar, porque nos coloca justo en una de las últimas iniciativas legislativas del PP, en este caso en Valencia, que va en la línea de modificar la Ley para poder recalificar los suelos forestales quemados, sobre los que la norma estatal aplica una prohibición de revisión de usos que llega hasta los 30 años, precisamente para acabar con la práctica del mechero al servicio de la especulación del suelo. 

Y lo de las “variaciones hidrológicas” me tiene en ascuas, porque ahora se trata de desentrañar lo que se oculta detrás de tan alambicado término, ya que es de suponer que no se referirá simplemente a que en unos sitios llueve más que en otros, o a que el verano sea más seco que la primavera. Creo más bien que se refería al Ebro, al Tajo y al Segura, aunque todo depende.

Días atrás la Agencia Internacional de la Energía presentaba el WEO 2011, en el que se constataba que en 2010 se lanzaron a la atmósfera 30’6 Gt, muy cerca del tope de 32 fijado globalmente para 2020. El viernes 18 de este mes el IPCC aprobó el Informe especial sobre fenómenos meteorológicos extremos, en el que se advierte un incremento en intensidad y frecuencia de los mismos, encareciendo la necesidad de dotar de instrumentos de alerta temprana que sirvan para adaptar ciudades e infraestructuras, y  mitiguen la incidencia en millones de vidas. Y esta misma semana la Organización Meteorológica Mundial ofrecía su informe anual sobre incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que vuelve a superar un nuevo record. Hemos pasado de las señales de alarma al estado de alarma permanente. 

En este escenario climático tendrá lugar la Conferencia de Durban, una Conferencia que se anuncia con demasiadas incertidumbres. Acude España a esta cita en un momento de cambio político, y desde el PSOE queremos aportar algunas certezas que propicien una posición de País que siga permitiéndonos desempeñar el papel activo que hemos mantenido en  las anteriores: 

1.- Sólo es posible hacer frente al reto del Cambio Climático desde una acción concertada global, y para ello es preciso asentar las bases del sistema multilateral de respuesta. Debe comprometerse un calendario de negociación que conduzca a un acuerdo único (equilibrado, justo y suficiente) lo antes posible, y desde luego antes de 2020; hasta entonces el conjunto de países industrializados deberán prorrogar sus compromisos en el marco de un segundo período del Protocolo de Kyoto. 

2.- Es preciso desarrollar y aplicar los acuerdos de Cancún:

- Plena operatividad del Fondo Verde.

- Constitución del Comité de Adaptación y del Comité de Tecnología.

- Sistema Internacional de cobertura de riesgos por daños imputables al Cambio Climático.

- Consolidación y aplicación inmediata de las reglas de transparencia y contabilidad en emisiones y en financiación.

- Cumplimiento de los compromisos de financiación temprana. (Nosotros cumplimos 2010 y 2011 –este año 103 millones dedicados en gran parte a impulsar el desarrollo de energías renovables en el Magreb).

- Fortalecimiento de las actuaciones que eviten deforestación y apoyen la correcta gestión forestal (REDD+). 

3.- Es imprescindible avanzar en la identificación de nuevos esfuerzos de reducción de gases de efecto invernadero, que permitan garantizar que la temperatura no crezca más de 2ºC. Dado que la resultante de Cancún nos sitúa en un crecimiento de 3’5ºC, resulta necesario implementar nuevas líneas de acción en distintos sectores (aviación, transporte marítimo, gases fluorados, nuevos instrumentos de imputación de costes de emisión a escala global…). 

4.- La crisis económica no puede ser de ninguna manera una excusa para retrasar la acción en cambio climático. Al revés, las políticas de cambio climático deben orientar nuevas inversiones dirigidas a propiciar sistemas de regulación y concertación globales que erradiquen los riesgos de los modelos económicos asociados al desequilibrio en la explotación de los recursos y la redistribución de los beneficios. 

5.- Europa debe mantener una posición de liderazgo en la construcción del nuevo modelo, aportando los valores que ha venido consolidando como sociedad (equidad, innovación, multilateralismo, competitividad, sostenibilidad) con independencia de un posible compromiso insuficiente de terceros, porque de aquí se derivará también una oportunidad desde el punto de vista geoestratégico y económico en la relación con los distintos bloques y países. 

6.- España ha venido consolidando en estos últimos años una posición avanzada en el marco de la UE (el impulso a un compromiso europeo de reducción del 30% en 2020 es una muestra de ello), y entendemos que ese debe ser el camino a seguir en el futuro inmediato, con una hoja de ruta de país sustentada en el Informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del Cambio Climático. 

Emplazamos de esta forma al Partido Popular a mantener un compromiso claro en su próxima responsabilidad al frente del Gobierno de España, y una voluntad firme de impulsarlo, y le ofrecemos todo el apoyo necesario para hacer de las políticas de cambio climático un vector de modernización de nuestro modelo productivo, y un instrumento eficaz de generación de empleo.

Pero se observa en este año una variable llamativa que podría ser una simple coincidencia, ya que si no lo fuese estaríamos ante una despreciable estrategia de rapiña electoral, en la que se estaría utilizando de forma irresponsable la acción de gobierno de algunas CCAA.

Resulta demasiado sospechoso que, a dos meses de unas elecciones generales, cuando se venía observando una tendencia de reducción de las cifras del desempleo en los últimos meses, determinados gobiernos regionales, en una especie de acción concertada, pongan en marcha medidas drásticas de reducción de contratos en el sector público que han provocado movilizaciones muy especialmente en el ámbito educativo.

Nos quedaremos en los indicios, pero quizás no se trata sólo de una operación a largo plazo dirigida a socavar los sistemas públicos de la educación o la sanidad, y hay quien podría pensar que esto también tiene su rentabilidad en el corto plazo sumando parados para dar argumentos a quien no tiene programa.