LEGISLAR A LA CARTA
La Constitución Española de 1978; la Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; el Convenio de Diversidad Biológica suscrito en 1992 en la Cumbre de Río de Janeiro… Todo un corpus legislativo pacientemente tejido a lo largo de las últimas décadas puede irse al garete, por la vía de una añagaza pseudo parlamentaria, como es la utilización de la vía de las proposiciones de ley para saltarse todas las barreras de protección que entre todos habíamos ido incorporando a nuestro Ordenamiento Jurídico en defensa del Medio Ambiente.
Un auténtico sarcasmo, precisamente en el Año declarado de la Biodiversidad, que sean los Parlamentos de algunas Comunidades Autónomas los que se arroguen un mal entendido monopolio de la representación del pueblo, para hurtarle a la propia ciudadanía su derecho a participar en asuntos tan trascendentes como los que afectan a la protección y a la conservación del territorio, ese territorio que hemos heredado exclusivamente para cuidarlo y transmitirlo a las generaciones venideras. Y es que nadie tiene derecho a decidir cuando ha de acabarse la vida del Planeta, ni siquiera la de una parte del Planeta, por mucha mayoría parlamentaria que le asista.
Hemos de defender con contundencia el derecho de quienes entienden que la estación de esquí de San Glorio puede ser una alternativa para el desarrollo de los territorios de influencia del proyecto en León y Palencia, aunque acumule varias sentencias en su contra; o de quienes preconizan que el nuevo puerto de Granadilla es imprescindible para asegurar el futuro de Canarias, por más que toda la comunidad científica lo haya desautorizado; por poner dos ejemplos especialmente llamativos. Pero ello no legitima a sus promotores para hurtarles al resto de los ciudadanos que no opinan igual el ejercicio de su derecho democrático a oponerse. Y esto es lo que están perpetrando las mayorías parlamentarias en las Cámaras de Castilla y León y de Canarias con sendas Proposiciones de Ley, de Modificación de la Ley 4/2000 de 27 de junio, de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, y de la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, respectivamente.
A la vista de los antecedentes, planteo mis dudas respecto a la legitimidad en las formas de estas iniciativas, y mis esperanzas en que no cunda el mal ejemplo.
