Los últimos datos de la evolución del desempleo en nuestro país que corresponden al mes de setiembre, mantienen el perfil histórico de iguales meses en años anteriores. Esto es, la finalización del período veraniego hace estragos en las contrataciones temporales del sector servicios. Así hotelería, comercio y otras actividades auxiliares mandan al paro a muchos trabajadores reclutados para la temporada vacacional por excelencia.

Pero se observa en este año una variable llamativa que podría ser una simple coincidencia, ya que si no lo fuese estaríamos ante una despreciable estrategia de rapiña electoral, en la que se estaría utilizando de forma irresponsable la acción de gobierno de algunas CCAA.

Resulta demasiado sospechoso que, a dos meses de unas elecciones generales, cuando se venía observando una tendencia de reducción de las cifras del desempleo en los últimos meses, determinados gobiernos regionales, en una especie de acción concertada, pongan en marcha medidas drásticas de reducción de contratos en el sector público que han provocado movilizaciones muy especialmente en el ámbito educativo.

Nos quedaremos en los indicios, pero quizás no se trata sólo de una operación a largo plazo dirigida a socavar los sistemas públicos de la educación o la sanidad, y hay quien podría pensar que esto también tiene su rentabilidad en el corto plazo sumando parados para dar argumentos a quien no tiene programa.

A modo de aportación aclaratoria sobre proceso de stress test al que están siendo sometidas las centrales nucleares en nuestro país:

- Acaba de hacerse público el contenido de los informes preliminares que las empresas titulares han elaborado a requerimiento del CSN, en relación con el grado de cumplimiento del nuevo nivel de requisitos de seguridad que han de implementarse en las centrales nucleares tras la catástrofe de Fukushima. A su vez, el CSN ha remitido estos informes preliminares a la UE dentro del plazo fijado en el 15 de setiembre. Si se tratase del procedimiento para obtener el carnet de conducir, se están haciendo los tests que facilitan en las autoescuelas para que el alumno controle su grado de conocimiento.

- En la siguiente fase, que se inicia ahora, el CSN contrastará y verificará todos y cada uno de los extremos contenidos en los informes elaborados por las empresas, complementará todo aquello que no haya sido evaluado en la fase preliminar, y determinará las actuaciones que habrán de llevarse en cada caso para adaptarse a la normativa, si ello fuese posible, o las acciones a llevar a cabo en caso de que las deficiencias no fuesen subsanadas. El plazo para culminar este trámite se alarga hasta finales de año. Aquí ya estaríamos en el examen teórico que hay que superar para obtener el permiso de conducir.

- Por último, durante el primer trimestre de 2012, la UE llevará a cabo sus propias pruebas, a fin de homologar todos y cada uno de los planes de adaptación del parque europeo de reactores a la nueva normativa comunitaria. Estamos en el examen práctico; quien lo supere obtendrá el carnet de conducir, y quien no, tendrá que volver a examinarse, o renunciar a conducir un coche.

A nadie se le expide un carnet de conducir por mucho que asegure que ha acertado todas las preguntas del test en la autoescuela. Y yo no quiero que me atropellen.

Leo que el inefable González Pons sentencia que si Alfredo Pérez Rubalcaba incluye en el programa electoral que el PSOE presentará a los ciudadanos en los próximos comicios la propuesta de un nuevo impuesto para las grandes fortunas, es porque los socialistas no tienen ni idea de qué hacer para salir de la crisis.

Es el mismo que sugería días atrás al “sindicato de ricos” españoles que, copiando de sus colegas franceses, valorasen la posibilidad de subirse el tipo fiscal por el que tributan a la hacienda pública. Y el mismo que, días después, descartaba que el PP llevase en su programa electoral una subida de impuestos a los ricos, (sensibilidad social de cartón piedra, y muy alejada de unas inquebrantables convicciones políticas).

Vamos, que a su entender debe de haber dos tipos de impuestos: el impuesto para el común de los mortales, que deben tributar en los términos en los que se legisle; y el impuesto para los ricos que han de decidir ellos mismos, y a los cuales, de acuerdo con la doctrina Pons, el Gobierno de turno sólo ha de tener capacidad como mucho de sugerirles, pero nunca de imponerles.

Evidentemente el PP sí que tiene claro lo que hacer respecto a la salida de la crisis, y es la fórmula de que las consecuencias de la misma las paguen obligatoriamente los que menos tienen, y que los que más tienen las paguen sólo si quieren.

Era previsible que tras la abultada victoria electoral del PP el 22M, se incrementase la presión de la derecha reclamando un adelanto de las Generales. Mariano Rajoy lo había convertido en monotema de sus contadas presencias parlamentarias, y el acompañamiento mediático no le ha ido a la zaga al respecto, o viceversa. Ahora bien, en ningún momento llegué a plantearme la posibilidad de que el Partido Popular pusiese todo su aparataje institucional, que es mucho, al servicio de la consigna de Génova, y para desdoro de la dignidad de parlamentos, y de gobiernos autonómicos y municipales, no han tenido recato alguno en hacerlo.

La secuencia ha sido tan sencilla como efectiva: una primera salida en tromba denunciando falsos inmensos agujeros económicos en las instituciones en las que había gobernado el PSOE hasta el mes de mayo (es curioso porque los suyos, mucho más verosímiles están en manos de los tribunales); una posterior justificación de incumplimientos de los compromisos adquiridos durante la campaña, porque tal y como habían dejado los socialistas las cosas, va a ser imposible hacer nada de lo dicho (ni siquiera tuvieron la delicadeza de esperar unos meses para empezar a incumplir); una subsiguiente catarata de recortes sociales y subidas de impuestos(todos los que los alcaldes y presidentes populares habían jurado que no harían mientras fueron candidatos); y por último un órdago al Gobierno de España, amenazando con devolver competencias en materia de justicia, de sanidad o de educación, si éste no deroga el precepto legal que obliga a las CCAA a pagar sus deudas como a todo hijo de vecino (una suerte de recentralización del Estado, de la que mucho ha hablado Aznar en los últimos meses).

Tal parece que el PP está abjurando del Estado de las Autonomías, pero que lo dice sin decirlo, al estilo Rajoy; porque si se está diciendo lo que estamos oyendo, lo que se propone es sencillamente una nueva Constitución. Pero tampoco el candidato popular quiere espantar a CiU, por si le hiciese falta, que nunca se sabe, y están ahora en un apasionado cortejo que no conviene frustrar haciendo un feo a la pareja ilusionada.

La sociedad debe exigir al político sentido de la anticipación. Y bien sabemos hoy que si algo reprochan los ciudadanos de los distintos países a sus Gobiernos, es precisamente el no haber visto llegar con antelación la crisis que se avecinaba.

En los tiempos pasados de la prosperidad económica y del boom inmobiliario, eran tachados poco menos que de fundamentalistas todos aquellos que abogaban por una política del suelo más sostenible, o por unos planteamientos menos faraónicos en la gestión del agua, o por un giro hacia la socialización en el modelo energético. Eran tiempos en los que el único verde que estaba bien visto era el del dólar. Aún así llegó el PSOE al Gobierno de España con un programa contra corriente, un planteamiento político que hoy podemos decir que se anticipó a esta crisis, y que si en algo falló fue en no haber marcado más ritmo y más intensidad en las reformas.

Los últimos barómetros sobre la preocupación ciudadana nos dicen que los españoles saben de que va el asunto del Cambio Climático, pero que sin embargo es un tema que no está en el núcleo de los problemas para los que se reivindica una atención prioritaria. Y aquí recuerdo lo de que un político debe tener sentido de la anticipación, y no precisamente porque no haya una contundente evidencia de que el Cambio Climático lleve ya algún tiempo instalado entre nosotros, sino porque no podemos permitirnos esperar a que los ciudadanos coloquen la lucha contra el calentamiento del Planeta en la cúspide de sus urgencias, porque en ese momento ya no estaríamos ante una preocupación conceptual, sino ante una emergencia vital. Esto es, estaríamos ante un fracaso irreversible de la Política.

Los socialistas tenemos la obligación de anticipar la centralidad de la Política Climática, y además debemos decirles a los ciudadanos que mañana será demasiado tarde para aplicarla, y debemos hacerlo con la suficiente claridad para que el mensaje se entienda y consiga la suficiente complicidad, porque no nos jugamos nuestro futuro político, nos jugamos el futuro de la gente.